Procedimiento de reintegro: plazos, caducidad y prescripción

Fases del procedimiento

1. Acuerdo de inicio: lo dicta el órgano concedente (art. 41.1 LGS), por iniciativa propia, por orden superior, a petición de otros órganos, por denuncia o tras un informe de control financiero de la Intervención General (art. 42.2 LGS).
2. Alegaciones: se te notifica el inicio y dispones de 15 días hábiles para alegar o presentar documentos (art. 94.2 RLGS; en ayudas autonómicas, revisa la normativa de tu comunidad). La audiencia es un derecho garantizado (art. 42.3 LGS).
3. Resolución: fija la cantidad a reintegrar y los intereses de demora. Pone fin a la vía administrativa (art. 42.5 LGS), así que contra ella cabe recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo (art. 123 de la Ley 39/2015).
4. Pago: las cantidades a reintegrar son ingresos de derecho público (art. 38.1 LGS). Si no pagas en periodo voluntario, se exigen por la vía de apremio (art. 10 de la Ley General Presupuestaria y art. 94.5 RLGS).

Plazo para resolver y caducidad

El plazo máximo para resolver y notificar es de 12 meses desde el acuerdo de iniciación, que puede suspenderse o ampliarse en los casos previstos por la ley de procedimiento (art. 42.4 LGS).

Si pasan esos 12 meses sin notificación de la resolución, el procedimiento caduca. Y las actuaciones de ese procedimiento caducado no interrumpen la prescripción. La Administración puede abrir uno nuevo solo si el derecho no ha prescrito (art. 95.3 de la Ley 39/2015).

Prescripción: 4 años

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años (art. 39.1 LGS), que se cuentan:

• con carácter general, desde que venció el plazo para presentar la justificación;
• si había obligaciones a mantener durante un tiempo (empleo, destino de una inversión), desde que venció ese periodo.

El plazo se interrumpe, y vuelve a empezar, por cualquier actuación de la Administración con conocimiento formal del beneficiario dirigida a comprobar causas de reintegro, por la interposición de recursos y por cualquier actuación del beneficiario conducente a liquidar la subvención o el reintegro (art. 39.3 LGS).

Ejemplo: si el plazo de justificación terminó el 30 de junio de 2022 y nadie te ha notificado nada desde entonces, el derecho a exigir el reintegro prescribiría el 30 de junio de 2026. Pero una comprobación notificada en 2024 habría reiniciado el cómputo.

Qué alegar

• Documentación que falte: facturas, justificantes de pago o evidencias de la actividad que el órgano no tuvo en cuenta.
• Proporcionalidad: si el cumplimiento se aproxima de modo significativo al total (art. 37.2 LGS).
• Cálculo de intereses: que se hayan aplicado desde la fecha correcta y al tipo vigente en cada periodo.
• Caducidad o prescripción, si se dan.

Un informe de auditor sobre los gastos discutidos puede reforzar mucho las alegaciones.